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¿Qué es el CETA?

El CETA (Acuerdo Integral de Economía y Comercio) es un acuerdo firmado el pasado mes de octubre entre la Unión Europea y Canadá, negociado con enorme secretismo. Tras ser ratificado por el Parlamento Europeo, será aplicado de manera provisional hasta que lo ratifiquen el conjunto de los parlamentos estatales de la Unión Europea. Es la primera vez que las instituciones europeas recurren a este tipo de aplicación provisional, lo que llama la atención tras las dificultades para su firma por parte de la representación belga.

El CETA se disfraza de un acuerdo tarifario para eliminar aranceles, que ya son mínimos entre Canadá y los estados de la UE. Sin embargo, el acuerdo va mucho más allá y supone una reconfiguración de todo un conjunto de normas de tipo social, jurídico, laboral y medioambiental que regulan la actividad empresarial. El verdadero objetivo es facilitar el enriquecimiento privado de las empresas con sede en la Unión Europea y en Canadá (donde hay 41.000 empresas estadounidenses registradas), y para ello se modifican y relajan todos los tipos de regulación que, para mejorar la calidad de vida de la mayoría, pone límites a la libre actuación de la empresa. De esta forma, se abren las puertas a la reducción de derechos laborales y estándares sanitarios, o el aumento de la capacidad de contaminar, entre otras cuestiones que hoy los estados regulan y que corren el riesgo de desaparecer.

El CETA incluye los llamados tribunales de arbitraje, en los que las multinacionales podrán denunciar a los estados por hipotéticas perdidas económicas si se aprueban normas democráticas, lo que supone todo un chantaje a la democracia y su subordinación al interés económico. Además incluye la Cláusula Rachet, presente en otros acuerdos de la UE, que impide que servicios que hayan sido privatizados vuelvan a estar bajo control público.

 

¿Cómo ha sido el proceso de negociación para el acuerdo?

Aunque tenemos constancia de las reuniones entre autoridades europeas y canadienses entre sí y de reuniones mantenidas con los grandes lobbies empresariales, no tenemos prácticamente información sobre el proceso de negociación. Las conversaciones tuvieron lugar entre 2006 y 2014, pero nos enteramos de su resultado gracias a la filtración de un canal de televisión alemán en agosto de 2014. Los documentos se publicaron dos meses más tarde, pero ni el Parlamento Europeo (la única institución electa de la UE) ni mucho menos el conjunto de la sociedad ha tenido acceso ni posibilidad de influir en ningún momento durante las negociaciones. Por ese mismo motivo entendemos que si el acuerdo se ha negociado de espaldas a la sociedad es porque no pretende defender sus intereses sino los de los actores económicos que sí han estado presentes durante las negociaciones.

 

¿De qué manera podrían influir terceras partes sobre la legislación de la UE?

El Acuerdo establece la creación de un Foro de Cooperación en Materia de Regulación. Este será un órgano, oficialmente para el intercambio de buenas prácticas, que supervisará la legislación aplicada a ambos lados del Atlántico. Por ello, el Gobierno canadiense y representantes de las empresas tendrán acceso a los textos legislativos promovidos por la Comisión antes de que estos lleguen al Parlamento Europeo o trasciendan a la opinión pública, aumentando de este modo su capacidad de influir en ellos para adaptarlos a sus intereses.

 

¿Qué son y cómo funcionarán los tribunales de arbitraje?

Los tribunales de arbitraje son un mecanismo que pueden utilizar las empresas privadas cuando consideren que se ha vulnerado su capacidad de obtener mayores beneficios económicos. Es uno de los puntos que generan mayor rechazo del CETA, y los negociadores han intentado rebajarlo haciendo que ahora los árbitros sean jueces de la administración de justicia de cada Estado, y no fueran nombrados por las partes. De este modo pasan a denominarse ICS (en lugar de ISDS), pero siguen generando numerosas dudas sobre su compatibilidad con la legislación europea, como ha remarcado la Federación de Jueces Alemanes. Presentamos una resolución en el Parlamento Europeo para que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea analizara esta posible incompatibilidad, pero al resolución fue rechazada en el pleno por conservadores, populares, liberales y gran parte de la socialdemocracia.

Nosotras entendemos que el eje del problema es que estos tribunales siguen significando la creación de un sistema de justicia paralelo para las grandes empresas y, sobre todo, la creación de un supuesto derecho de éstas al enriquecimiento ilimitado. Estos tribunales pueden suponer que los estados se vean obligados a pagar elevadas sumas del erario público por aprobar legislación en materia laboral, sanitaria o medioambiental que incremente los gastos de las empresas. Todo esto no tiene además ninguna contraparte, pues las empresas no asumen ninguna obligación para con los estados, ni siquiera en materia de respetar unos mínimos estándares medioambientales o de derechos laborales.

 

¿Qué impacto tendría la aprobación del CETA sobre los servicios públicos y los derechos laborales?

La Comisión Europea estima que hasta la mitad de la actividad económica que pueda generar el CETA proceda del comercio de servicios. Para esto, es imprescindible que sectores privatizados o en proceso de serlo como los servicios financieros, las telecomunicaciones, la energía o el transporte, que son los destacados por la propia CE, estén completamente en manos de las grandes multinacionales. Esto, unido a la Cláusula Rachet que impide la reversión de privatizaciones, blinda el negocio de unos pocos a costa de los derechos de la mayoría, imposibilitando que un gobierno democráticamente electo pueda regular estos sectores. Además, a través del Foro de Cooperación y de los tribunales de arbitraje, las empresas tendrán capacidad de influir de manera directa sobre los cambios que puedan producirse en materia laboral, primando de nuevo su enriquecimiento sobre las conquistas democráticas en materia de empleo.

 

¿Qué impacto tendría la aprobación del CETA sobre el medio ambiente y el mundo rural?

De aprobarse el CETA, la legislación en materia medioambiental pasaría a considerarse un obstáculo a las inversiones y los beneficios de las grandes empresas. De esta manera, se podría hacer desaparecer gran parte de la legislación existente a nivel medioambiental y frenar cualquier avance a través de los tribunales de arbitraje y el Foro de Cooperación. La cuestión medioambiental es especialmente preocupante al tratarse Canadá de un estado con leyes particularmente laxas en este sentido, y se permiten técnicas tan agresivas como el fracking. El 60% de las empresas de exploración y explotación minera del planeta están registradas con sede en Canadá, aunque la mayoría son transnacionales. En el Estado español existen numerosas minas gestionadas por empresas canadienses, entre ellas minerías de cielo abierto, las más perjudiciales para el medio ambiente. Una de ellas era la minería de Corcoesto, en Galicia, cuyo cierre fue ordenado por la Xunta por los riesgos ecológicos que entrañaba – tras lo que la empresa demandó al Estado por los hipotéticos beneficios que dejaría de recibir.

Además, el tratado favorecerá un modelo de agricultura y ganadería extensivas a través de la eliminación de cualquier tipo de barrera a la importación y exportación. De esta manera, se dificultará la producción a pequeña escala, destruyendo el tejido rural, y se favorecerá el consumo de productos producidos en masa en territorios a menudo lejanos, lo que produce graves consecuencias a nivel de emisiones a lo largo de todo el proceso de producción y distribución. Por otro lado, la legislación canadiense es mucho más laxa en cuanto a organismos modificados genéticamente, y la aprobación del CETA no sólo podría extenderlos a la UE, favoreciendo nuevamente un modelo de producción masiva nocivo para el medio ambiente y los derechos de trabajadoras y trabajadores del medio rural, sino que además implicaría que este tipo de organismos podrían venderse en la UE sin estar debidamente etiquetados.

 

¿Qué significa la aplicación provisional del CETA? 

En caso de que el quince de febrero se apruebe el CETA en el Parlamento Europeo, el tratado entrará automáticamente en vigor. Legalmente, debe ser ratificado por cada uno de los Estados miembro en sus propios parlamentos, salvo el Reino Unido y Malta, donde sólo debe aprobarlo el Gobierno por su propio estatus constitucional. Los pueden, de acuerdo a su legislación interna, trasladarlo a otras instituciones, como parlamentos regionales, o celebrar referéndums. Este proceso podría alargarse por tanto hasta dos años. Por tanto se utiliza la aplicación provisional, que en este caso no tiene base jurídica en la legislación o el acervo comunitarios ya que está diseñada para motivos de urgencia como los desastres humanitario, como un nuevo mecanismo de presión. Revertir un tratado una vez empieza a aplicarse es mucho más complicado y puede incluso tener un efecto disuasorio en los parlamentos más proclives a oponerse al CETA. Al final, la aplicación provisional supone una merma democrática, pues la aplicación del acuerdo no se ve condicionada a los procedimientos democráticos requeridos.